Carlos Enrique Bayo Falcón
El rey golfo
Akal. Madrid, 2026.
Muchos
años de investigación sobre la inverosímil historia del anterior jefe del
Estado español se resumen en este libro. No incluye demasiadas novedades, casi
todo lo que nos cuenta ha sido anteriormente aireado, aunque poco, por la
prensa tenida por serie y respetable, pero causa impresión irlo leyendo
capítulo tras capítulo, cada uno superando al anterior. Imposible no
preguntarse cómo fue posible.
El
título no hace honor al contenido. El rey golfo nos lleva a imaginarnos
a un simpático tarambana de opereta, pero la historia que nos cuenta es la de
alguien que siempre se consideró por encima de la ley. Bajo su reinado se votó
una constitución democrática que todavía, medio siglo después, sigue vigente;
él, sin embargo, nunca se sintió sometido a ella. Cuando se cansó de Adolfo
Suárez, el primer jefe de Gobierno elegido democráticamente tras la dictadura,
impulsó un “golpe de timón” para sustituirlo por alguien más de su gusto, el
general Armada. Mucho se ha especulado sobre el 23-F, pero desde el principio,
para quien quiso verlo, las cosas estuvieron claros: parte del ejército se
sublevó en nombre del rey y el rey, que podía haber desautorizado a los
golpistas desde el primer momento, esperó a que fracasara la “solución Armada”
para hacerlo. Y si fracasó fue, paradójicamente, a causa de quien había dado, y
nunca mejor dicho, el pistoletazo de salida del golpe: el coronel Tejero, que
no quiso aceptar el gobierno de concentración nacional, consensuado con la
oposición, que el presunto “elefante blanco” traía bajo el brazo. El relato
posterior, que convirtió al instigador de la trama, en el salvador de la
democracia es una obra maestra de la manipulación informativa.
De la Constitución, el único punto
que parecía interesarle al anterior jefe del Estado fue el referido a su
“inviolabilidad”, que él entendió que le daba licencia absoluta para hacer
negocios al margen de las leyes, cuando solo se refiere a sus actividades
políticas, que deben contar con la supervisión del gobierno y de las que son
responsables los miembros del gobierno que las autorizan. De la vida privada
del jefe del Estado, la Constitución no dice nada y se sobreentiende que está
sometida, como la de cualquier ciudadano, al Código Civil.
Ya antes de ser rey, desde su época
de príncipe de España, Juan Carlos de Borbón cobró comisiones de dudosa
legalidad. Y asentado en el trono participó en lucrativos negocios que llevaron
a la cárcel a varios de sus colaboradores, pero que ni siquiera mancharon su
buena fama --había quien decía que no era monárquico, sino juancarlista--,
porque el rey no solo era inviolable, sino intocable.
Acumuló una inmensa fortuna en
dinero negro, pero durante sus años de reinado parece no tocó ni un euro de ese
capital, como reservándolo por si las cosas venían mal dadas (tenía en la
memoria a su bisabuela, “la de los tristes destinos”, Isabel II y a su abuelo,
Alfonso XIII, otro rey aficionado a los negocios raros, y a su padre, el rey
que nunca reinó porque su propio hijo se le adelantó en la cola). Toda su
dispendiosa vida privada corrió a cargo del erario público. Con dinero público,
se pagó a sus amantes, en edificios públicos se las alojó algunas veces y con
dinero público se trataron de acallar los chantajes de alguna de ellas, como
Bárbara Rey. Los regalos que recibía por parte de quienes querían conseguir sus
favores, coches de alta gama, yates de lujo (la única excepción eran los
maletines llenos de dinero), los traspasaba de inmediato al Patrimonio Nacional
para no pagar impuestos y para que los gastos de mantenimiento y personal no
corrieran a cuenta suya). Incluso el dinero que ganaba legalmente –el que le
correspondía de la dotación de la Casa Real-- pasaba a engrosar sus ahorros
para los malos tiempos.
Naturalmente, nada de eso pudo
hacerse sin la complicidad de los sucesivos gobiernos de la democracia y sin el
mirar para otro lado de las instancias judiciales, tan propicias en otros casos
a iniciar una investigación a partir de un bulo recogido por cualquier medio
informativo. La Constitución era la capa que lo tapaba todo, pero sobre el
alcance de la inviolabilidad del jefe del Estado, sobre si afecta solo a sus
actividades como jefe del Estado (que es la interpretación más plausible si el
artículo correspondiente se cita en su integridad y no recortado, como suele
hacerse) o también a su vida privada aún no se ha pronunciado –que yo sepa-- el
Tribunal Constitucional y no parece que nadie con capacidad para interponer el
correspondiente recurso esté interesado en que lo haga.
La corrupción es el mal endémico de
la democracia española, se dice. Y para atajarlo y ejemplificar, el Tribunal
Supremo condena a un exministro a veinticuatro años de cárcel, sin posibilidad
de apelación, por haber dejado que un empresario pagara el alquiler del piso de
su amante durante un tiempo, porque otro haya pretendido regalarle un chalet
(al final no se lo regaló) y algunas triquiñuelas más. Peccata minuta si
se compara con los del gran patrón.
Una
manzana podrida hace un cesto. La democracia española parece que se restauró
sobre una manzana podrida, muy podrida, heredada de un dictador que, en su vida
privada, y comparado con su sucesor, era un santo varón.
Hasta 1993, en que despidió a Sabino
Fernández Campos, el anterior jefe del Estado, al que se le permitió seguir
utilizando el título de rey “a título honorífico” (qué ironía), trató de
guardar las formas; luego, ya más seguro de sí mismo, o librado de su severo
tutor, ni siquiera se preocupó de ello: su amante y socia de los mejores
negocios, la princesa Corinna Larsen le acompañaba en los viajes oficiales.
A partir de 2012, tras ser pillado
en falta en una cacería patrocinada por un traficante de armas, la porquería
que atufaba la jefatura del Estado ya no se pudo ocultar más. Desde 2014, Juan
Carlos de Borbón es un aforado más, pero lo que sabemos de sus desmanes se debe
a la justicia suiza, que la española sigue prefiriendo mirar hacia otro lado.
Solo cuando el actual jefe del
Estado (de comportamiento ejemplar en esta complicada situación), le retiró sus
ingresos como miembro de la Casa Real y le prohibió seguir utilizando
residencias oficiales, tuvo que comenzar a gastar la fortuna acumulada. No
podía hacerlo directamente, sino a través de testaferros y “generosos” amigos
siempre dispuestos a ayudar a la majestad caída. Vive en un lujoso exilio en
Abu Davi, pero no es un exiliado sino un prófugo fiscal. Si tuviera su
residencia en España, tendría que hacer aquí la declaración de la renta y, sin
ingresos conocidos, le resultaría difícil justificar su nivel de vida sin que
saliera a la luz la fortuna mal adquirida que guarda en paraísos fiscales.
Solo un reparo, pero un reparo
importante, se le puede poner a esta investigación: su tratamiento de la figura
de Sabino Fernández Campos. Es cierto que, irritado por los malos modos con que
le apartaron de su puesto, fue contándole a unos y a otros anécdotas poco
ejemplares del comportamiento de Juan Carlos de Borbón, pero solo pueden ser
fiables si se ponen en boca de quien las oyó (José Bono, por citar un caso,
cuenta alguna en sus memorias). Atribuírselas a un informante anónimo, como
hace el autor de este libro, es dar pábulo a cualquier bulo, como que Fernández
Campos se encontrara a Juan Carlos de Borbón brindando con champán nada más
enterarse de que Tejero había entrado en el Congreso o que le pidiera, para
comprar su silencio, un palacete frente al Campoamor. Y el rey le concedió ese
capricho, según Bayo Falcón, que si se hubiera dado una vuelta por Oviedo antes
de publicar su libro se podría haber dado cuenta de que, en el entorno del
teatro Campoamor, no hay ningún palacete. En casos como este, conviene ser en
extremo riguroso para no devaluar una investigación cuyos resultados deberían
avergonzar a todas las autoridades del Estado español que permitieron un
comportamiento semejante en quien juró “cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las leyes”. Una Constitución, por cierto, que también contiene un artículo,
equivalente al impeachment norteamericano, que permite apartar al jefe
del Estado por incapacidad material o moral para el desempeño de su cargo.
