La vergüenza nacional

Carlos Enrique Bayo Falcón
El rey golfo
Akal. Madrid, 2026.

Muchos años de investigación sobre la inverosímil historia del anterior jefe del Estado español se resumen en este libro. No incluye demasiadas novedades, casi todo lo que nos cuenta ha sido anteriormente aireado, aunque poco, por la prensa tenida por seria y respetable, pero causa impresión irlo leyendo capítulo tras capítulo, cada uno superando al anterior. Imposible no preguntarse cómo fue posible.

El título no hace honor al contenido. El rey golfo nos lleva a imaginarnos a un simpático tarambana de opereta, pero la historia que nos cuenta es la de alguien que siempre se consideró por encima de la ley. Bajo su reinado se votó una constitución democrática que todavía, medio siglo después, sigue vigente; él, sin embargo, nunca se sintió sometido a ella. Cuando se cansó de Adolfo Suárez, el primer jefe de Gobierno elegido democráticamente tras la dictadura, impulsó un “golpe de timón” para sustituirlo por alguien más de su gusto, el general Armada. Mucho se ha especulado sobre el 23-F, pero desde el principio, para quien quiso verlo, las cosas estuvieron claras: parte del ejército se sublevó en nombre del rey y el rey, que podía haber desautorizado a los golpistas desde el primer momento, esperó a que fracasara la “solución Armada” para hacerlo. Y si fracasó fue, paradójicamente, a causa de quien había dado, y nunca mejor dicho, el pistoletazo de salida del golpe: el coronel Tejero, que no quiso aceptar el gobierno de concentración nacional, consensuado con la oposición, que el presunto “elefante blanco” traía bajo el brazo. El relato posterior, que convirtió al instigador de la trama, en el salvador de la democracia es una obra maestra de la manipulación informativa.

            De la Constitución, el único punto que parecía interesarle al anterior jefe del Estado fue el referido a su “inviolabilidad”, que él entendió que le daba licencia absoluta para hacer negocios al margen de las leyes, cuando solo se refiere a sus actividades políticas, que deben contar con la supervisión del gobierno y de las que son responsables los miembros del gobierno que las autorizan. De la vida privada del jefe del Estado, la Constitución no dice nada y se sobreentiende que está sometida, como la de cualquier ciudadano, al Código Civil.

            Ya antes de ser rey, desde su época de príncipe de España, Juan Carlos de Borbón cobró comisiones de dudosa legalidad. Y asentado en el trono participó en lucrativos negocios que llevaron a la cárcel a varios de sus colaboradores, pero que ni siquiera mancharon su buena fama --había quien decía que no era monárquico, sino juancarlista--, porque el rey no solo era inviolable, sino intocable.

            Acumuló una inmensa fortuna en dinero negro, pero durante sus años de reinado parece no tocó ni un euro de ese capital, como reservándolo por si las cosas venían mal dadas (tenía en la memoria a su bisabuela, “la de los tristes destinos”, Isabel II y a su abuelo, Alfonso XIII, otro rey aficionado a los negocios raros, y a su padre, el rey que nunca reinó porque su propio hijo se le adelantó en la cola). Toda su dispendiosa vida privada corrió a cargo del erario público. Con dinero público, se pagó a sus amantes, en edificios públicos se las alojó algunas veces y con dinero público se trataron de acallar los chantajes de alguna de ellas, como Bárbara Rey. Los regalos que recibía por parte de quienes querían conseguir sus favores, coches de alta gama, yates de lujo (la única excepción eran los maletines llenos de dinero), los traspasaba de inmediato al Patrimonio Nacional para no pagar impuestos y para que los gastos de mantenimiento y personal no corrieran a cuenta suya). Incluso el dinero que ganaba legalmente –el que le correspondía de la dotación de la Casa Real-- pasaba a engrosar sus ahorros para los malos tiempos.

            Naturalmente, nada de eso pudo hacerse sin la complicidad de los sucesivos gobiernos de la democracia y sin el mirar para otro lado de las instancias judiciales, tan propicias en otros casos a iniciar una investigación a partir de un bulo recogido por cualquier medio informativo. La Constitución era la capa que lo tapaba todo, pero sobre el alcance de la inviolabilidad del jefe del Estado, sobre si afecta solo a sus actividades como jefe del Estado (que es la interpretación más plausible si el artículo correspondiente se cita en su integridad y no recortado, como suele hacerse) o también a su vida privada aún no se ha pronunciado –que yo sepa-- el Tribunal Constitucional y no parece que nadie con capacidad para interponer el correspondiente recurso esté interesado en que lo haga.

            La corrupción es el mal endémico de la democracia española, se dice. Y para atajarlo y ejemplificar, el Tribunal Supremo condena a un exministro a veinticuatro años de cárcel, sin posibilidad de apelación, por haber dejado que un empresario pagara el alquiler del piso de su amante durante un tiempo, porque otro haya pretendido regalarle un chalet (al final no se lo regaló) y algunas triquiñuelas más. Peccata minuta si se compara con los del gran patrón.

Una manzana podrida hace un cesto. La democracia española parece que se restauró sobre una manzana podrida, muy podrida, heredada de un dictador que, en su vida privada, y comparado con su sucesor, era un santo varón.

            Hasta 1993, en que despidió a Sabino Fernández Campos, el anterior jefe del Estado, al que se le permitió seguir utilizando el título de rey “a título honorífico” (qué ironía), trató de guardar las formas; luego, ya más seguro de sí mismo, o librado de su severo tutor, ni siquiera se preocupó de ello: su amante y socia de los mejores negocios, la princesa Corinna Larsen le acompañaba en los viajes oficiales.  

            A partir de 2012, tras ser pillado en falta en una cacería patrocinada por un traficante de armas, la porquería que atufaba la jefatura del Estado ya no se pudo ocultar más. Desde 2014, Juan Carlos de Borbón es un aforado más, pero lo que sabemos de sus desmanes se debe a la justicia suiza, que la española sigue prefiriendo mirar hacia otro lado.

            Solo cuando el actual jefe del Estado (de comportamiento ejemplar en esta complicada situación), le retiró sus ingresos como miembro de la Casa Real y le prohibió seguir utilizando residencias oficiales, tuvo que comenzar a gastar la fortuna acumulada. No podía hacerlo directamente, sino a través de testaferros y “generosos” amigos siempre dispuestos a ayudar a la majestad caída. Vive en un lujoso exilio en Abu Davi, pero no es un exiliado sino un prófugo fiscal. Si tuviera su residencia en España, tendría que hacer aquí la declaración de la renta y, sin ingresos conocidos, le resultaría difícil justificar su nivel de vida sin que saliera a la luz la fortuna mal adquirida que guarda en paraísos fiscales.

            Solo un reparo, pero un reparo importante, se le puede poner a esta investigación: su tratamiento de la figura de Sabino Fernández Campos. Es cierto que, irritado por los malos modos con que le apartaron de su puesto, fue contándole a unos y a otros anécdotas poco ejemplares del comportamiento de Juan Carlos de Borbón, pero solo pueden ser fiables si se ponen en boca de quien las oyó (José Bono, por citar un caso, cuenta alguna en sus memorias). Atribuírselas a un informante anónimo, como hace el autor de este libro, es dar pábulo a cualquier bulo, como que Fernández Campos se encontrara a Juan Carlos de Borbón brindando con champán nada más enterarse de que Tejero había entrado en el Congreso o que le pidiera, para comprar su silencio, un palacete frente al Campoamor. Y el rey le concedió ese capricho, según Bayo Falcón, que si se hubiera dado una vuelta por Oviedo antes de publicar su libro se podría haber dado cuenta de que, en el entorno del teatro Campoamor, no hay ningún palacete. En casos como este, conviene ser en extremo riguroso para no devaluar una investigación cuyos resultados deberían avergonzar a todas las autoridades del Estado español que permitieron un comportamiento semejante en quien juró “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Una Constitución, por cierto, que también contiene un artículo, equivalente al impeachment norteamericano, que permite apartar al jefe del Estado por incapacidad material o moral para el desempeño de su cargo.