La ley del silencio

La armadura del rey
Ana Pardo de Vera, Albert Calatrava y Eider Hurtado
Roca Editorial. Barcelona, 2021. 

Desde hace unos años, desde 2012 para ser más exactos, y aceleradamente desde 2014, los españoles asistimos atónitos al derrumbe de un mito. El rey que trajo la democracia, el rey campechano que se hacía querer por todos, el mejor embajador de España en el extranjero, el del famoso “¿Por qué no te callas?” dirigido a Chávez, no solo era un ídolo con pies de barro, sino que todo él era de barro y de barro no de la mejor calidad. Cuesta aceptar los hechos, pero las evidencias se amontonan: durante cuarenta años, España tuvo como jefe del Estado a un corrupto a cuyo lado, no ya Iñaki Urdangarin, sino el rocambolesco director de la guardia civil, Luis Roldán o el Bárcenas que sigue llenando páginas en los periódicos, se quedan en simples aprendices. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo pudo engañar a tantos durante tanto tiempo? Los periodistas Ana Pardo de Vera, Albert Calatrava y Eider Hurtado en La armadura del rey tratan de dar respuesta a esa pregunta. Para ello –nos dicen en el prólogo-- han hablado con cargos institucionales –de ministros y exministros hasta parlamentarios y alcaldes-- y también con policías, periodistas, empresarios. Pero muchos de esos informantes han pedido el anonimato y por eso sus testimonios carecen de valor probatorio. Aunque prescindamos de ellos, el simple recuento de las noticias que han ido dando cuenta de las andanzas del rey, que primero no acabábamos de creer y que acabaron teniendo la firmeza que les da la investigación judicial (extranjera, por supuesto), añadido al testimonio de quienes se atreven a hablar con nombre y apellidos, basta para humillarnos y llenarnos de asombro. ¿Cómo fue posible?, nos repetimos una y otra vez. ¿Cómo pudimos estar tan ciego? A fin de cuentas, esto ocurrió en el reino de España, no en el teocrático Marruecos; en una democracia avanzada, no en la Rusia de Putin o en Corea del Norte.

            Había, ciertamente, una protección jurídica de la Corona. Con sorpresa, descubrimos el caso del periodista Xabier Sánchez Eruskin, quien en 1981 publicó en el semanario Punto y hora un artículo titulado “Paseíllo y espantá” en el que hablaba de la visita del rey Juan Carlos a Gernika y de la ausencia del presidente Suárez con metáforas taurinas: el uno dio un “paseíllo” el otro una “espantá”. Le costó pasar un año en la cárcel.

            Pero la represión no fue lo más importante. Para tapar las vergüenzas del rey, que él no se preocupaba de ocultar, más que los tribunales resultó decisiva la acción del gobierno y de los medios de comunicación: a los periodistas críticos se les silenciaba de inmediato. Cuenta Pilar Urbano que, en uno de sus libros, le fueron vetadas las páginas que recogían conversaciones del CESID sobre los GAL. “En esas conversaciones –son palabras textuales suyas--, que pude confirmar con fuentes suficientemente acreditadas como para publicar algo tan importante, quedaba clara la acción de Felipe González, Narcís Serra y Alonso Manglano sobre los GAL, pero también que el rey da el impulso. El impulso fue soberano, y como se implicaba al rey, esos once folios fueron censurados por la editorial”.

            El barro del que estaban hechos los pies del ídolo caído (y todo lo demás), no solo era el barro de la corrupción económica –recibió generosas donaciones e intervino en negocios raros desde el mismo momento de su coronación--, sino también de otro tipo, que antes se tenía como picarescas anécdotas referidas a su vida privada y que, hoy, en los tiempos del “Me Too” vemos con muy distintos ojos. Por lo que vamos sabiendo, su comportamiento pudo parecerse más al de un Harvey Weistein, que al de un Plácido Domingo, también puesto en la picota, pero que a su lado era todo un caballero.

            El excelente e impactante trabajo de recopilación y de investigación que se resume en La armadura del rey tiene un significativo lunar. Dejan en su sitio, como un artículo de fe, el principal sofisma utilizado antes –y utilizado ahora-- para proteger al rey: su inviolabilidad. Sanz Roldán, que estuvo al frente de los servicios de inteligencia y se entrevistó en Londres con Corinna Larsen, afirma que “si Juan Carlos I delinquió –en términos ‘teóricos’, ya que mientras fue jefe del Estado era inviolable--, debe ser castigado de alguna forma ejemplarizante”.

            Afirman los autores del libro que “el principal blindaje que ha resguardado a Juan Carlos I durante todo su reinado procede de la Constitución”. Y citan el famoso artículo 56.3 que todavía se sigue utilizando para impedir que la justicia investigue actuaciones presuntamente delictivas anteriores a la abdicación. Pero incurren en el error de citar ese artículo mutilado, como suele ser habitual. El artículo 56.3 no dice, o no dice solo, eso que se nos ha repetido una y otra vez para justificar la inactividad de los fiscales ante indicios racionales de culpabilidad. Tras afirmar que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, continúa: “Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2” (el artículo 65.2 indica que “el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa). Lo que nos dice el artículo 64 en su primer punto es lo siguiente: “Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso” . Y en su segundo punto afirma taxativamente: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

            Inviolabilidad no es impunidad. De los delitos que el rey cometa amparado por la inviolabilidad siempre hay un responsable: quien refrenda sus actos. Por lo tanto, ante cualquier sospecha se deben investigar. Si la constitución señala responsables, no puede prohibir su investigación, como se ha repetido insistente e interesadamente. Es Francisco Marhuenda, uno de los pocos defensores que le quedan al anterior jefe del Estado, quien sin saberlo subraya el aspecto más sensible –y potencialmente explosivo-- de la cuestión: “Pensar que todos los presidentes le han permitido todo sería pensar que han sido cómplices”. Y cada vez hay menos dudas de que le han permitido saltarse la ley a la torera cuando le convenía. Con la constitución en la mano, a los sucesivos gobiernos de la democracia --salvo al actual--, se les pueden y deben exigir responsabilidades políticas y, en su caso, penales.